Aumenta persecución contra defensores de derechos humanos que luchan contra minería

Durante todo el mes de febrero de este año, la organización Front Line Defenders visitó las regiones de Cajamarca y Cusco, en Perú, para conocer la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan en defensa del medio ambiente.

La grave constatación fue que esas personas están en riesgo constante. En informe publicado recientemente, la organización denuncia la persecución por parte de gobiernos y de la industria extractivista y hace recomendaciones al Gobierno de Perú para que se ajuste a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre del mundo, y el quinto productor mundial de oro. La implicación de esto es que cada vez más territorios y pueblos están siendo amenazados para dar espacio a la industria extractivista. En Cajamarca, las concesiones a empresas mineras realizadas por el gobierno se extienden al 42,5% del territorio y al 21% en Cusco. El mayor problema es que esas áreas “ofrecidas” a la industria minera están, en gran parte, habitadas por la población rural y comunidades campesinas de origen indígena. Al comienzo de la década de 1990, la industria extractivista comenzó a ganar espacio en Perú y viene consiguiendo cada vez más.

El costo de esa expansión fue y es alto para la población, sobre todo la rural, de Cajamarca y Cusco. Aún con la existencia de leyes y acuerdos internacionales, las comunidades no son consultadas sobre los proyectos mineros, hay irregularidades en el proceso de apropiación de las tierras comunitarias por parte del Estado, y además, la fauna, la flora, la salud y el modo de vida de las comunidades locales vienen siendo fuertemente perjudicados. A pesar de la riqueza generada en Cajamarca en los últimos 20 años, el 51,9% de la población de la región vive en situación de pobreza.

A partir de esta realidad, hombres y mujeres decidieron unirse en defensa de su territorio y del medio ambiente, lo que generó disgusto tanto por parte de los gobiernos locales como de las industrias extractivistas. En el informe se destaca que defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales conviven, cotidianamente, con intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas y procesos judiciales.

Actualmente, cerca de 400 personas, sobre todo líderes comunitarios enfrentan procesos judiciales interpuestos por empresas mineras, su personal o por el Ministerio Público. Las acusaciones son por actos de rebelión, terrorismo, violencia, usurpación, violación de propiedad, obstrucción de vía pública, desobediencia, entre otros. Algunos activistas, como por ejemplo Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendín, enfrenta 50 procesos penales, pero no fue condenado en ninguno. Los procesos son considerados falsos y, de acuerdo con los activistas, buscan intimidar y debilitar la lucha por los derechos, además de servir para manchar la reputación de las organizaciones y defensores en los medios de comunicación.

Varias personas entrevistadas confesaron el miedo que sienten por vivir constantemente amenazadas y perseguidas; y el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar una nueva notificación judicial.

Pero la ofensiva no es sólo en la esfera judicial. En septiembre de 2010, el entonces presidente peruano, Alan García, promulgó un decreto legislativo permitiendo el uso de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública, inclusive en protestas y manifestaciones. Más recientemente, en enero de este año, fue promulgada una ley que concede a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional exención completa de toda responsabilidad penal en el caso de muertes o lesiones durante el cumplimiento de su trabajo. La percepción de los defensores de derechos humanos entrevistados es que con la aplicación de la ley y la consecuente garantía de impunidad, la violencia durante los protestas se intensificó.

Informe completo “Frontline Defenders”

 

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